Los últimos 30 años han supuesto un auge de esta garantía en todo el mundo, pero las restricciones informativas por la pandemia han frenado su impulso
El próximo 2 de diciembre se cumplirán exactamente 254 años desde que Suecia publicara la primera ley de acceso a la información pública en todo el mundo. Aquel hito suponía el origen con tintes constitucionales de lo que hoy se entiende en las democracias como un derecho (fundamental para unas, ordinario para otras) con el que garantizar «una gobernanza transparente que favorezca la libertad de expresión, la diversidad cultural y lingüística y la participación en la vida pública».
Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, lo describía de esa forma un 28 de septiembre de 2019, en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información Pública que hoy se celebra. Fue meses antes de que explotara la crisis sanitaria actual que ha puesto de relieve, más si cabe, la necesidad de una información fiable por parte de administraciones y periodistas y de que el ciudadano, sea de donde sea, tenga recursos suficientes para dar con ella.
Es cierto que la primera pica para este propósito tiene ya más de dos siglos y medio de historia. Pero también lo es que no ha sido hasta hace apenas 30 años cuando ha empezado a tomar verdadera forma por diversos motivos. Según la Unesco, en 1990 solo 13 países del mundo habían adoptado leyes nacionales sobre libertad y acceso a la información, mientras que en la actualidad hay 93 normas aprobadas sobre esta materia en todo el mundo, y otras 20 o 30 están en estudio.
Ese despegue legislativo surgía a medida que el panorama de la información experimentaba un salto de paradigma con la llegada de Internet. Tal como explica Rafael Calduch, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, «el acceso a la información ha vivido un antes y un después en las dos últimas décadas, porque ha sido entonces cuando la irrupción de esta tecnología ha producido una difusión masiva y un fenómeno de hiperconectividad que ha modificado el papel central de los medios tradicionales».
Todo cambia, dice él, cuando «el usuario es emisor y receptor a la vez» en tiempos en los que las grandes influencias de los gobiernos se miden con las redes sociales como termómetro. Un nuevo escenario surgido a velocidad de vértigo que ha pasado de tener 850 usuarios en Internet en el año 2000 a más de 4.100 millones hoy, según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Es decir, el 53,6% de la población mundial dispone en la actualidad de conexión a la red frente a los 3.600 millones de personas que aún no y que siguen siendo un reto para universalizar el acceso a la información. La mayoría de ellas viven en países menos adelantados, donde, en promedio, solo dos de cada diez personas están conectadas.
Es indudable la rapidez con la que crece la población conectada, pero la brecha digital sigue evidenciando un desafío pendiente en la cobertura global. Es más, de acuerdo con los datos de ese organismo de las Naciones Unidas, el acceso a Internet de banda ancha es el doble para los entornos urbanos (72 %) que para los rurales (37 %). Una asimetría aún más palpable en economías emergentes (65 % vs. 28 %) que en las desarrolladas (87 % vs. 81 %).
CONTROL INFORMATIVO
En cualquier caso, el traslado de las mayorías sociales a una sociedad virtual ha abierto enormes puentes para acceder a la información. Pero eso, como indica Calduch, también ha traído «más dificultades para distinguir la información noticiosa de la propaganda» y mayores intentos de muchos gobernantes por «imponer su narrativa» a través del hermetismo y la desinformación. «Esto pasa mucho en catástrofes humanas como la pandemia actual. Al principio existe una fase de control de la información incompleta o parcial que se tiene. Pero más adelante, en muchos países se ha llegado a una fase en la que ese control se convierte en censura», asevera.
Olatz Cacho, portavoz de Amnistía Internacional en España, indica que, cada vez más, algunos estados «intentan construir cortafuegos en torno a las comunicaciones digitales o, en el caso de Egipto, Sudán y Zimbabue, entre otros, responden a las protestas callejeras masivas con el cierre de Internet». De hecho, agrega, Irán, China y Vietnam han intentado desarrollar sistemas que les permitan controlar el acceso a la información digital.
Como también indican desde la organización, a ello se suma que Google Y Facebook ejercen de principales «árbitros de la expresión, regulando lo que es un contenido aceptable en sus plataformas o decidiendo su retirada». Por eso, reclaman a la UE una Ley de Servicios Digitales que ponga coto a estas prácticas y y suponga la supervisión independiente de los algoritmos que usan estas plataformas.
TRANSPARENCIA
Por otro lado, los expertos en materia de transparencia coinciden en que el Covid-19 ha revelado las debilidades de los sistemas nacionales para recopilar y publicar datos precisos y oportunos, incluso sobre cuestiones sanitarias básicas como tasas de infección y pruebas, o sobre el gasto de fondos públicos en adquisiciones de emergencia.
A juicio de Patricia González, investigadora legal de Acces Info Europe (organización enfocada en la promoción y defensa del derecho de acceso a la información), el caso de España es un ejemplo de este problema, y que tiene que ver, no sólo con la voluntad política, sino con la actual legislación. Según argumenta, la Ley de Transparencia aquí apenas tiene recorrido (sólo siete años de vigencia) frente a otros países europeos y su carácter ordinario supone «un obstáculo en el reconocimiento del acceso a la información como derecho fundamental».
Eso provocó que, con el anuncio del Estado de Alarma, se pusieran en suspenso procedimientos de administración. Y con ello, el derecho a la información pública hasta que finalizó el periodo de confinamiento. «Esto también ocurrió en Argentina, pero el acceso se restituyó al cabo de tres semanas porque la presión fue muy fuerte», añade.
A tenor de los datos, la cultura de solicitar información pública por parte de ciudadanos y periodistas en España tiene aún un largo recorrido por delante si se compara con el contexto europeo (45.000 solicitudes en toda la vida de la ley española frente a 100.000 al año en Reino Unido). Pero, según González, la pandemia ha supuesto un punto de inflexión.
Tal como expone, desde la existencia de esta ley, el promedio de solicitudes apenas superaba las 100 al mes. Ya en 2018, esa media alcanzó las 300 peticiones. Y lo significativo fue que en 2020 se elevaron a 1.600 sólo en agosto, algo excepcional, aclara, «porque la gente se preguntaba por el ingreso mínimo vital». Un hecho que resultó positivo durante la pandemia, ya que muchos ciudadanos advirtieron de la posibilidad de solicitar información.
Sea como fuere, aún existen numerosas deficiencias que desde Acces Info Europe siguen exponiendo, como indican en una declaración que en el día de hoy publican al respecto. Eso incluye dar acceso a todos los datos contenidos en los registros públicos, priorizando el Registro Mercantil, o a la información sobre quién está haciendo lobby. Pero también hace hincapié en cuestiones como garantizar una información fácil de entender para el ciudadano y que éste no tenga que identificarse.
Un problema común en varios países de Europa es que los consejos de Transparencia (los organismos garantes de que se cumpla la ley) no tienen capacidad sancionadora, paradójicamente al contrario de lo que sí es usual en el este del continente o en América Latina. Tal como asegura Miguel Ángel Gavilanes, periodista experto en acceso a la información de las instituciones y en tratamiento de datos de la Fundación Civio, eso ha dificultado la cultura de transparencia por parte de las administraciones a la hora de dar información y de evitar que se salten plazos, como viene sucediendo con mayor frecuencia desde la irrupción de la pandemia.
A su juicio, la concienciación de las instituciones ha ido mejorando, pero aún se aprecian comportamientos poco transparentes, sobre todo, si el que pregunta es periodista. «Algunos funcionarios me han llegado a reconocer que cuando les llega una petición, se busca por Internet a quien solicita, otras se busca primero el motivo para denegar la información». Pero no todo queda ahí. «La transparencia no es conocer cuánto cobra el alcalde, sino la huella legislativa. Es decir, tener acceso a los caminos intermedios sobre cómo ha influido cada actor en la aprobación de una ley y cómo ha metido aquello que le interesaba».
LIBERTAD DE PRENSA
Los periodistas tienen una parte activa en hacer llegar esa información a la ciudadanía. Sin embargo, la pandemia ha mermando su capacidad. Así lo revelan los datos del último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) que reflejan que el periodismo pasa por una situación difícil o encuentra ciertos obstáculos en el 73% de los 180 países analizados. De hecho, solo 12 países (liderados por Noruega) presumen de una situación «buena» o «muy satisfactoria», el número más bajo desde 2013. Un grupo del que se cae Alemania por las agresiones sufridas por numerosos reporteros que cubrían protestas negacionistas contra la pandemia.
La vicepresidenta de esta organización, Edith Rodríguez, afirma que «asistimos a la paradoja de estar mejor conectados y peor cubiertos que nunca», en parte debido al «odio nuevo» que se está generando en lugares como Europa, alimentado desde los extremos políticos y que genera «grandes agujeros informativos».
Como expresa, los tiempos recientes han revelado este deterioro del periodista como garante informativo en distintos vértices. La situación actual de Afganistán es ahora mismo el caso más patente de apagón informativo, donde «la prensa internacional no entra o la local se ve violentada».
Pero es que además se han producido casos flagrantes en todo el mundo con la explosión del coronavirus. En China «se ha hecho desaparecer a periodistas y blogueros y se ha expulsado a corresponsales durante la pandemia» mientras otros gobiernos como los de Nicolás Maduro, Jair Bolsonaro o Donald Trump han actuado como «depredadores de la libertad de prensa» mientras propagaban desinformación con la promoción de vacunas alternativas como la hidroxicloroquina.
Por no hablar de las granjas de trolls a las que gobiernos como el ruso expone a reporteros críticos. O también de las agresiones a reporteros cubriendo manifestaciones como algunas del procés. Y sobre todo, la creciente persecución a periodistas de investigación en suelo europeo que «ha provocado el asesinato de algunos de ellos como Daphne Caruana», una periodista que investigaba casos de corrupción en Malta.
Con todo, Rodríguez también insta a los medios de comunicación a hacer autocrítica a la hora de «alimentar esa hoguera» del descrédito a otros periodistas en un contexto de polarización creciente y donde «no hay que confundir información con opinión».