Caos, incertidumbre y enfado generalizado son las grandes cruces que soporta RTVE con sus exámenes de oposición. Ayer domingo, más de 5000 periodistas, aspirantes a las vacantes de informador de la cadena pública, recibían, como un jarro de agua fría y apenas minutos antes de entrar a los exámenes, la noticia de que el proceso de selección se aplazaba sine die tras destaparse una filtración del 83% de preguntas de una de las pruebas.
Tras los sucesos, RTVE ha interpuesto una demanda ante la policía para esclarecer el asunto y ha puesto en marcha una investigación interna que, por el momento ya se ha saldado con la dimisión de nueve de los diez vocales del tribunal de oposiciones. En paralelo, la Comisión de Empleo ha reunido hoy a sus representantes sindicales mayoritarios a fin de decidir la nueva fecha del examen que, finalmente, tendrá lugar el próximo 2 de noviembre.
Los aspirantes en pie de guerra
Antes de la reunión de la Comisión de Empleo, que ha tenido lugar este mediodía, varias decenas de trabajadores de RTVE se han concentrado a las puertas de la sede madrileña de Prado del Rey para protestar por la convocatoria frustrada de oposiciones, así como para exigir responsabilidades por la filtración, una compensación económica a los aspirantes que han invertido su dinero y su tiempo para estar este domingo en Madrid y una paralización del proceso “hasta que no se den las garantías”. La presidenta interina de la corporación, Concepción Cascajosa, se ha acercado a los convocantes de la protesta convocada por el Comité Intercentros para hacer unas declaraciones.
“Somos conscientes de todo el daño que la decisión de aplazar las pruebas ha hecho a muchos niveles”, ha dicho Cascajosa. “Sabemos el sufrimiento que se ha creado, pero os pedimos comprensión en el sentido de que era una decisión que se tuvo que tomar para mantener el proceso transparente en igualdad de condiciones”.
El apoyo de los trabajadores de RTVE
A través de un comunicado, trabajadores interinos, contratados o a la espera de renovación en RTVE se han sumado al apoyo de sus compañeros de profesión, aspirantes a entrar en la corporación. Por eso, en las últimas horas han hecho público un manifiesto en el que exigen que los contenidos de actualidad de la prueba definitiva estén acotados “a la fecha en la que se cerró el sorteo del examen anterior” (según sendos comunicados de Comisiones Obreras y UGT, esto último se ha aceptado para que el límite sea el 28 de septiembre, día anterior a la infructuosa convocatoria del domingo); que se constituya un nuevo tribunal; que se conozca el examen filtrado; y se conforme una comisión que analice los casos de forma individualizada para posibles indemnizaciones por gastos de asistencia, viajes y hoteles. Respecto a esto último, Facua-Consumidores en Acción ha reclamado a RTVE que se haga cargo del abono de los gastos, lo cual está en vías de estudio por parte de la corporación.
Pero esta filtración no es el único lastre que arrastran estas oposiciones; es sólo la última muesca en un proceso que ha estado plagado de problemas. Tras comenzar el proceso de inscripción decenas de opositores denunciaron públicamente los problemas que había para poder inscribirse, obligando a RTVE a tener que alargar el plazo de inscripción. Además, en octubre de 2023, el proceso de oposiciones de la Corporación fue suspendido por la Audiencia Nacional y posteriormente reactivado a finales de febrero después de que la Corporación y los sindicatos suscribieran un acuerdo transaccional unánime.
Sumado a todo esto, también, el pasado mes de agosto cientos de datos personales quedaron al descubierto, un fallo de seguridad relacionado con la descarga no autorizada de documentación.