Bruselas se encuentra en la fase de preparación de la nueva «Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación». Esta ley propuesta por el Parlamento Europeo tiene como objetivo proporcionar un marco regulatorio que permita a los estados miembros de la Unión Europea, supervisar a los periodistas, sus familiares y las redacciones de los medios de comunicación, en casos donde se justifique una «razón imperativa de interés general» para revelar fuentes, prohibiendo cualquier interferencia en otros casos. Además, se permitirá la instalación de programas de espionaje en dispositivos o redacciones solo por motivos de «seguridad nacional».
Uno de los puntos más controvertidos de esta futura ley es que, busca proteger la libertad editorial de los medios de comunicación frente a intervenciones políticas y garantizar la confidencialidad de las fuentes periodísticas, así como abordar cuestiones relacionadas con fusiones de medios.
Los medios de comunicación de titularidad pública
La nueva legislación también pone un énfasis especial en los medios de comunicación de propiedad pública para preservar su independencia. Establece requisitos para que estos medios proporcionen información y opiniones de manera imparcial, además de establecer procesos transparentes y abiertos para seleccionar a los responsables de la gestión y los miembros del consejo de administración, limitando sus mandatos para asegurar su independencia. Las destituciones de estos cargos deberán estar justificadas y ser públicas, y se requerirá que los Estados proporcionen los recursos económicos adecuados para el funcionamiento de estos medios.
En lo que respecta a los medios de comunicación privados, la ley les instará a tomar medidas para garantizar la independencia de las decisiones editoriales y a divulgar cualquier conflicto de intereses que pueda afectar a la presentación de noticias y contenidos sobre temas de actualidad.
Plataformas de contenidos
Además, la legislación pretende regular la actuación de las grandes plataformas digitales que incluyen contenido de medios de comunicación. En caso de que estas plataformas restrinjan o suspendan contenido de medios, se les requerirá explicar sus motivos y entablar un diálogo significativo con los medios para encontrar una solución. También deberán publicar anualmente el número de casos en los que hayan impuesto restricciones o suspensiones de contenido y sus razones, con el objetivo de evitar que estas plataformas perjudiquen la igualdad de condiciones de competencia en el mercado europeo.
En el ámbito de las fusiones entre grupos de comunicación, la futura normativa obligará a los Estados a evaluar su impacto en el pluralismo de los medios y la independencia editorial. Esta evaluación tendrá en cuenta factores como la diversidad informativa, la formación de opiniones públicas y la salvaguardia de la independencia editorial.
Además, la legislación europea requerirá que la publicidad estatal se otorgue de manera transparente, objetiva, proporcional y no discriminatoria a través de procedimientos abiertos. Las autoridades nacionales deberán divulgar anualmente su gasto en publicidad, los medios beneficiados y los montos asignados.
Por último, se exigirá a los proveedores de sistemas de medición de audiencias que proporcionen información sobre la metodología utilizada a los medios de comunicación de forma gratuita. Estos sistemas deberán cumplir con principios como la transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación y verificabilidad.
La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España se posiciona
Desde la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (FARTVE), su presidente, Juan Ignacio Ocaña, ha adelantado que propondrán las enmiendas necesarias en su trasposición en nuestro marco legislativo, para alcanzar un texto normativo que cumpla con las necesidades reales en materia de comunicación que exige una sociedad moderna. Para ello, «mantendremos las oportunas reuniones con los grupos parlamentarios a los cuales trasladar nuestra preocupación. La nueva ley interfiere en el código deontológico de la profesión, al tiempo que se olvida el importante papel que deben jugar los medios y las administraciones públicas en materia de educación mediática», ha señalado Ocaña.
Seguiremos informando.