Una investigación global pilotada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que analiza los archivos secretos de 14 despachos de abogados saca a la luz sociedades de políticos, millonarios y artistas de más de 90 países
Nunca una filtración había arrojado tanta luz sobre los negocios en paraísos fiscales de reyes, políticos, empresarios y artistas. Los Papeles de Pandora, cuya publicación inicia este domingo EL PAÍS en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés), pone sobre el tapete los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado (14 en Latinoamérica) y más de 330 altos cargos y políticos en 91 países. Son nombres que durante años han copado las primeras planas, como el exprimer ministro británico Tony Blair; el antiguo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn; el rey Abdalá II de Jordania; el entorno más cercano de Vladímir Putin; el presidente chileno, Sebastián Piñera; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes; los cantantes Julio Iglesias y Shakira o el entrenador Pep Guardiola.
Para desentrañar la actividad offshore de los poderosos del mundo han intervenido en esta investigación 600 periodistas de 117 países, entre ellos, The Washington Post, The Guardian y Le Monde. Esta red periodística ha contrastado una filtración de 11,9 millones de archivos de 14 despachos especializados en operaciones en paraísos fiscales. El resultado revela el uso masivo por parte de los personajes públicos de fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos en sitios como Islas Vírgenes Británicas, para escapar del escrutinio público.
En España, un equipo de EL PAÍS y La Sexta ha analizado la filtración en busca de individuos o empresas que hayan sacado provecho de las jurisdicciones más opacas del mundo. En los datos hay un total de 601 personas de nacionalidad española y 751 sociedades offshore ligadas a dueños o empresas con direcciones en territorio español. Además de decenas de personalidades relevantes, hay al menos 54 casos relacionados con causas judiciales abiertas. La mayoría han utilizado abogados andorranos y españoles como intermediarios para crear instrumentos opacos en los paraísos más secretos del mundo, desde Belice hasta Islas Vírgenes Británicas, Bahamas o islas Cook, entre otros.
Usar una sociedad offshore es legal, siempre y cuando el propietario la declare a las autoridades fiscales del país en el que reside, algo que no siempre sucede. Estas compañías se benefician de la baja tributación, del anonimato y de la ausencia de registros de cuentas o de beneficiarios reales de las jurisdicciones donde están registradas y no tienen ninguna actividad real.
A ojos de las autoridades, el problema es qué se hace o qué se oculta con ellas. Según cálculos de la Comisión Europea, solo en la UE se desvía a través de estos vehículos el equivalente al 10% del PIB europeo. Bruselas cifra en 46.000 millones de euros anuales los impuestos perdidos cada año; eso equivale a ocho veces el presupuesto anual del Ministerio de Educación en España. La OCDE calcula que al menos 9,7 billones de euros (nueve veces la riqueza que produce España en un año) están guardados offshore a nivel mundial.
Como explica Christoph Trautvetter, experto en temas fiscales que ha asesorado a gobiernos y multinacionales, “las leyes que lo permiten no han sido aprobadas democráticamente, sino creadas bajo la influencia de una industria de abogados y proveedores de servicios que se benefician del secretismo de países donde operan y donde es legal”. Los movimientos de esa industria se reflejan en los documentos de los Papeles de Pandora. El despacho Alcogal ayudó a bancos de todo el mundo a crear al menos 3.926 compañías offshore para sus clientes en varios países. Para Morgan Stanley, el segundo banco de inversión de EE UU, abrió otras 312. La firma panameña envió más de 5.400 cartas a direcciones concretas de abogados de medio mundo para remitirles documentos societarios: el país que más cartas recibió fue Andorra, que con 2.245 misivas concentra más de la mitad de la correspondencia, a pesar de las campañas recientes destinadas a mejorar la mala imagen fiscal del pequeño enclave pirenaico.
Las entidades que son el epicentro de esta investigación representan el engranaje principal de la maquinaria que mueve dinero fuera de los circuitos convencionales. Según José María Peláez, inspector de Hacienda, “son intermediarios imprescindibles para que los paraísos fiscales funcionen: sin ellos y los bancos sería impensable llevar dinero a Bahamas e Islas Vírgenes”. Sin ellos, en fin, no sería tan sencillo esconder activos como los que se han desenterrado en los Papeles de Pandora: cuentas bancarias, jets privados, yates, mansiones u obras de arte firmadas por Picasso y Banksy.
El despacho Alcogal es el que tiene más documentos con referencias a ciudadanos españoles y de América Latina. Con sede en Panamá, contiene al menos 253 sociedades vinculadas a España por ser español el cliente o su intermediario, es decir el despacho que contacta con Alcogal. Entre sus clientes de primer nivel, la investigación del Consorcio ha identificado más de 30 compañías vinculadas a Abdalá II, rey de Jordania, o la estructura que creó el primer ministro de República Checa, Andrej Babis, para pagar 20 millones de dólares (17,2 millones de euros) por una villa en un pueblo francés cerca de Cannes. También hay ciudadanos españoles de los que EL PAÍS y La Sexta informarán en los próximos días.
Los archivos internos de Alcogal permiten además ver la falta de control sobre las sociedades de un despacho de este tipo. Entre 2007 y 2018, sus empleados rellenaron 109 Reportes de Actividades Sospechosas (ROS, por sus siglas en inglés). Se trata de informes que los bufetes tienen que remitir a las autoridades de un país cuando detectan algo insólito o con visos de ilegalidad en una sociedad. 74 de esos informes empezaron porque la offshore o su cliente aparecía en los medios como involucrada en alguna investigación judicial. Dos de cada tres reportes (72) se cumplimentaron después de la publicación, en 2016, de los Papeles de Panamá, que arrojaron luz sobre las actividades ilícitas de miles de compañías hasta entonces desconocidas para el público.
Esta nueva investigación ha encontrado, entre otros casos que publicará EL PAÍS, la compañía fantasma que el capo de la camorra napolitana Raffaele Amato empleó para comprar tierras en España. O la red de compañías que el financiero malasio Jho Low creó con la ayuda de Baker McKenzie —el principal bufete de abogados de Estados Unidos— y empleó en la malversación de más de 4.500 millones de dólares (3.890 millones de euros) de un fondo de desarrollo económico de Malasia.
El que aparece con más frecuencia en los Papeles de Pandora es Trident Trust, un proveedor de servicios que abrió sus primeras oficinas en las islas del Canal de la Mancha en 1978. Su nombre sonó recientemente en España, cuando la Fiscalía de Madrid acusó a Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, de dejar de pagar algo más de un millón de euros en impuestos en 2014. Las dos sociedades con las que el exfutbolista italiano cobraba sus derechos de imagen en el extranjero eran parte de una estructura preparada por los empleados de Trident. Ellos mismos habían creado también el fideicomiso de la familia de Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, desvelado en otra investigación del ICIJ. Este tipo de estructuras, los fideicomisos o trusts en inglés, son especialmente opacos: no suele haber ningún tipo de registro público de su existencia y añaden una capa adicional de oscuridad que cubre al verdadero dueño de los bienes de la sociedad.
En América Latina, el rey de estas actividades es un despacho menos conocido en Europa. Su nombre es OMC Group, con sede en Panamá. Sebastián Piñera, presidente de Chile, o Luis Abinader, su homólogo en la República Dominicana, son algunos de sus clientes de primer nivel. También a ellos recurrió la cantante colombiana Shakira para al menos tres de las sociedades offshore de las que la Hacienda española ha seguido el rastro durante años.
En 2016, los Papeles de Panamá, basados en la investigación de archivos internos del despacho panameño Mossack Fonseca, representaron por primera vez una mirada desde dentro al sistema de sociedades en los refugios fiscales. Los Papeles de Pandora son ahora la caja que, al abrirse, desvela todos los males de ese mundo, como ocurría con la homónima primera mujer creada por Zeus en la mitología griega. No se trata de una manzana podrida, sino de un problema sistémico. Esta nueva filtración afecta a más líderes políticos y personajes públicos, y ofrece más del doble de información que los Papeles de Panamá sobre la propiedad de sociedades en el exterior.
Aquella investigación acabó por cambiar del todo el concepto que se tiene de los paraísos fiscales. Como confirma un socio de un gran despacho de asesoramiento fiscal del centro de Madrid, ahora son ellos los primeros en evitar estructuras sospechosas: “Hoy en día, cuando viene un cliente que dice ‘tengo un trust, una fundación, una sociedad que está fuera’, le decimos que regularice esa estructura antes de que haya problemas”. Antes era menos frecuente recibir una negativa a priori. Cuando en 2012 Hacienda obligó a los contribuyentes con rentas o bienes en el exterior que superasen los 50.000 euros a presentar una declaración informativa, dos de cada tres euros de esa primera hornada de declaraciones entraron en las arcas españolas desde territorios considerados paraísos fiscales por España o por la Unión Europea.
Tras el escándalo de los documentos que se guardaban en despachos de abogados de Panamá, ese país firmó los protocolos que permiten a las agencias tributarias del resto del mundo el acceso a sus datos fiscales y societarios: “Se vieron señalados a nivel internacional para acogerse a los intercambios automáticos de información”, señala Alfredo García, experto en derecho tributario de la Universidad de Valencia. “Ya desde la crisis financiera había quedado claro que el secretismo no podía mantenerse y tenía que abrirse un hueco en las Haciendas públicas”. Un estudio sobre esos protocolos de intercambio de datos financieros estima que han reducido en un 11,5% los depósitos internacionales en paraísos fiscales. El propio Gobierno panameño explica que como parte de sus esfuerzos para paliar la evasión de impuestos y el blanqueo de dinero se han suspendido 385.415 de las 762.709 compañías que figuraban en su registro público.
En los nuevos archivos se ve cómo, tras los Papeles de Panamá, Trident Trust incorporó casi un centenar de clientes que optaron por trasladar sus sociedades de Mossack Fonseca a un nuevo proveedor. En España, un año después de la publicación de esa información, el organismo oficial de prevención de blanqueo de capitales (SEPBLAC) había podido acceder a la información de 209 sociedades panameñas hasta entonces guardadas bajo llave, entre ellas las que permitieron el desvío de fondos públicos del caso Defex. La Agencia Tributaria española pudo recuperar al menos 140 millones de euros tras abrir inspección a 244 contribuyentes y, a nivel mundial, se recuperaron al menos 1.200 millones que habían eludido al fisco de forma indebida. En todos esos casos se utilizaban sociedades cuyo uso, en principio, no era ilegal.
Como apuntó el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 2016 al llamar a la acción a los líderes mundiales tras los Papeles de Panamá: “Ese es el problema: que un montón de estas cosas son legales”.