- Los PGE son la principal fuente de financiación del grupo de televisión
RTVE no está pasando por su mejor momento. El grupo público de comunicación encadena varios meses consecutivos con la audiencia por los suelos, solo los eventos deportivos de este verano consiguieron darle alguna alegría aislada, que será temporal tras la vuelta a la normalidad que suele acarrear septiembre.
El presente no es bueno y el futuro no pinta bien. Sobre todo, después de ver los presupuestos generales que ha presentado el Gobierno de cara a 2022. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no confía demasiado en la remontada de RTVE y tampoco le va a poner facilidades en el camino, sino más bien alguna que otra piedra.
La tele pública va a disponer en 2022 de 445 millones de euros, un 6% menos que en 2021, cuando el presupuesto alcanzó los 473 millones. A pesar del tijeretazo, supone un importante crecimiento con respecto a los años anteriores, hay que tener en cuenta que entre 2018 y 2020 las cuentas estuvieron bloqueadas y la Corporación de Radio Televisión Española recibía anualmente 378 millones de euros (ver gráfico). La cuantía aprobada para 2022 supone un 17% más que entonces. Lo que se ha mantenido sin cambios es lo que supone la cuantía con respecto al total de los PGE, un 0,3%.
Si nos remontamos más en el tiempo el aumento del presupuesto de RTVE es mucho más significativo. En 2017 la cuantía fue de 343 millones mientras que en 2014 la cifra se reduce hasta los 293 millones de euros. Sin embargo, las cifras siguen todavía lejos de las que había antes de la crisis económica. En 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero destinó una partida de 555 millones de euros, una de las cifras más altas de los últimos años, en parte para compensar la caída de ingresos que se iba a producir desde 2010 al dejar de emitir publicidad.
Lo que no se va a reducir en 2022 es la deuda, es más, se va a disparar. Las estimaciones del Gobierno apuntan a que el próximo año se alcanzarán los 588 millones, un 61,5% más que lo registrado a cierre de junio de 2021, cuando el endeudamiento fue de 364 millones. Aunque cabe destacar que es de los más bajos de las sociedades y entidades no financieras que dependen de las arcas públicas. Las estimaciones del Gobierno apuntan a que ADIF tendrá una deuda de 19.056 millones, Renfe de 7.549 millones y la Sepi de 9.560 millones.
Los Presupuestos Generales del Estado son la principal fuente de financiación de Radio Televisión Española, pero no la única. Las televisiones en abierto deben destinar parte de sus ingresos anuales a la financiación de RTVE. Hay que tener en cuenta que durante la crisis del Covid-19 los ingresos de estas se han reducido afectando indirectamente a RTVE. Además, el borrador del nuevo Anteproyecto de Ley General Audiovisual recoge que las televisiones en abierto deben destinar el 3% mientras que para los nuevos operadores y las plataformas de compartición de vídeos la cifra se reduce hasta el 1,5%. Unos datos que no han gustado. Las televisiones en abierto llevan meses denunciando que estas cifras suponen una «desigualdad» con la competencia. «Mientras se mantiene que los operadores tradicionales de televisión aporten el 3% de sus ingresos a la financiación de la cadena pública, el anteproyecto reduce a la mitad (1,5%) la aportación a la financiación de la cadena pública de operadores y plataformas que prestan sus servicios en España. Esta diferenciación en la aportación a la financiación de RTVE consagra la discriminación de las televisiones en abierto y carece de sentido, pues todos los operadores afectados compiten en un único mercado audiovisual», alegan desde Uteca.
«No entendemos esta insistencia del Gobierno en la desigualdad de trato a las televisiones en abierto nacionales frente a los nuevos competidores internacionales, más aún teniendo en cuenta que son las compañías audiovisuales que más impuestos pagan en España, las que ayudan con su programación a vertebrar la identidad nacional, además de ser las grandes inversoras y creadoras de empleo del sector audiovisual nacional», expresa en un comunicado Eduardo Olano, presidente de Uteca.
Fuente: El Economista