El Consejo Europeo de Editores (EPC) ha recibido con suspicacia el texto preliminar de la Ley de Libertad de Medios elaborado por la Comisión Europea. Su directora ejecutiva Angela Mills alerta de que “existe una línea muy fina entre el establecimiento de principios y garantías para sustentar la libertad de prensa y la regulación estatal de la prensa, y es esencial que la nueva ley no la cruce”, en referencia a aspectos como el establecimiento de un Consejo Europeo de Medios para supervisar la operativa de las publicaciones.
Eso podría suponer un paso más allá en la actividad de los reguladores que existen en cada país para auditar a los medios audiovisuales que operan con licencia, algo que el Mills considera inadecuado porque “la prensa libre ya mantiene los estándares periodísticos y de gobierno más elevados”. El colectivo de editores cree que si periódicos, revistas y otras publicaciones independientes pasan a estar vigilados por esos organismos en términos operativos e incluso editoriales ya no existirá prensa libre de la influencia de los gobiernos. Y por ello reclama a los legisladores que mantengan el estatus de autorregulación supeditado a la ley y apelable ante los jueces que rige en la actualidad.
El Consejo Europeo de Editores considera problemáticos varios puntos del texto preliminar elaborado por la Comisión Europea.
Tampoco gusta en EPC la idea del “mercado interno” que contempla la propuesta de ley. Su directora ejecutiva considera que “ese concepto ignora por completo la excepción mediática y cultural, la competencia de los estados miembros sobre la regulación de los medios y las diferencias en cultura, idiomas y tradiciones legales”. Esa es una cuestión clave en asuntos como el de la desinformación y su posible promoción desde medios financiados por los propios estados como palanca para el poder político. Por ejemplo la situación de la prensa independiente en Polonia o Hungría y el papel de sus medios estatales anticipan un debate interno complejo para alcanzar un acuerdo.
Por último, el Consejo Europeo de Editores reclama normas claras y transparentes para evitar que las plataformas eliminen contenidos legítimos de medios en base a sus normativas internas. El proyecto de ley indica que esas compañías deberán informar a los medios sobre los motivos por los que puedan haber borrado parte de su trabajo y les obliga a atender de manera prioritaria los recursos que puedan realizar estos últimos al respecto.
De momento no hay referencias por parte de ese colectivo a otros aspectos importantes de la propuesta como la imposición de transparencia en el reparto de publicidad institucional y la metodología utilizada en la medición de audiencias. El texto también atiende a la necesidad de supervisar las fusiones sobre el pluralismo y la independencia editorial, lo que en España se traduce en los riesgos que instituciones como el Centre for Media Pluralism and Media Freedom encuentra en la concentración de televisiones y radios.
El Consejo Europeo de Editores agrupa desde 1991 a los principales actores del continente en la industria de los medios, representados por sus presidentes o consejeros delegados. Entre sus miembros están los españoles Prisa, Prensa Ibérica y Vocento.
Fuente: DirComfidencial